Clases

La prueba es una categoría imprescindible para la consecución de los fines del proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de contar con ella no solo durante toda su sustanciación, sino también al momento de promover la acción de revisión.

En nuestro país, los delitos tributarios están contenidos en una ley especial, el D. Leg. 813. Aunque el legislador peruano ha considerado estos delitos como un grupo independiente, dentro de una ley especial, su naturaleza es la de constituir «delitos económicos», si se entiende por tales a aquellos atentados contra bienes jurídicos que implican intervención del Estado en la economía y el funcionamiento de instituciones económicas básicas.

El delito de lavado de activos es de reciente data no solo en el Perú, sino también en el concierto internacional. Básicamente, su corta historia legislativa se remonta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o Convención de Viena de 1988. […]

Dentro de la política de lucha contra la corrupción, la utilización del procedimiento de colaboración eficaz resulta una vía idónea no solo para coadyuvar a la investigación fiscal de unos delitos que se ejecutan con total clandestinidad como el cohecho, colusión, negociación incompatible o el enriquecimiento ilícito, sino también para vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.

La excepción de improcedencia de acción constituye una oposición al ejercicio de la acción penal que expresa el Ministerio Público con la formalización de la investigación preparatoria, debido al incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales para la legítima prosecución del proceso referida a la relevancia penal del hecho imputado.

Discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria. Es decir, no solo se basa en cuestionar, sino también en ejecutar una evaluación que tenga como desenlace la conclusión de la investigación por el Ministerio Público al no haber subsistido los elementos constitutivos […]

La colaboración eficaz es el procedimiento penal especial mediante el cual una persona -natural o jurídica- que deciden acogerse a los beneficios por delación a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público.

El delito de colusión se trata de un delito de peligro concreto y, como no es un delito de carácter resultativo, no es relevante el efectivo perjuicio para el patrimonio estatal, sino que se genere un peligro concreto de perjuicio, es decir, que, en el caso concreto, se han presentado todos los factores para un menoscabo patrimonial efectivo, pero éste no se ha producido por razones fortuitas.

Para el dictado de la prisión preventiva, al ser esta la medida de coerción procesal más gravosa para el derecho a la libertad personal de todo imputado, el juzgador debe de seguir un criterio de razonabilidad y proporcionalidad para que su decisión goce de legitimidad constitucional dentro de un Estado constitucional de Derecho.

El peligro procesal o periculum libertatis constituye uno de los presupuestos materiales esenciales para imponer la prisión preventiva. Nuestro modelo procesal ha adoptado la teoría de los dos riesgos (artículo 268 inciso c) del CPP), que hace alusión a la concurrencia de los riesgos procesales, definidos como “riesgos relevantes” que se concreta con la concurrencia (no necesariamente simultánea) del peligro de fuga y del peligro de obstaculización.