La Ley 32181 y la Ley 32182 del pasado 11 de diciembre del 2024 han realizado importantes modificaciones al Código Procesal Penal. Hallamos una serie de cambios que involucran a las medidas cautelares personales como la detención preliminar judicial (artículo 261, actualmente derogada), la comparecencia restrictiva para el Policía Nacional

El 02 de agosto de 2024, el defensor del Pueblo José Gutierrez Cóndor interpuso la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1173. En el petitorio se precisó que los numerales 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 y 3.10 correspondientes al art. II del Título Preliminar, y los artículos 7.1.b, 7.1.f,

Taller de jurisprudencia relevante en torno a la prisión preventiva. Se hace un recuento de los pronunciamientos más recientes que ha hecho la Corte Suprema sobre los principios, los presupuestos formales y materiales, la impugnación, el plazo, el cese, la prolongación y la revisión periódica de oficio.

La casación penal en el sistema judicial peruano es un recurso extraordinario que tiene como objetivo corregir errores procesales, sustantivos o salvaguardar alguna garantía constitucional en las resoluciones judiciales definitivas, buscando garantizar la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. De acuerdo con el artículo

Los mecanismos de excarcelación cumplen la finalidad de liberar de la medida de coerción al preso preventivo. Estos se dividen en dos grupos, a saber: i) intraprocesales y ii) extraprocesales. Los primeros tienen lugar en el seno del proceso principal donde es investigado y juzgado el imputado, por ejemplo, la

La prisión preventiva es una medida de coerción personal, que restringe el derecho fundamental a la libertad del imputado o procesado por un tiempo determinado, siempre y cuando exista la necesidad de sujetarlo al proceso.

El último de los puntos materia de contradictorio en la audiencia de prisión preventiva está representado por la duración de esta medida de coerción. Su debate es fundamental pues con base en este el juez determinará el plazo durante el cual el imputado enfrentará el proceso privado de libertad.

El fundamento del principio de proporcionalidad hay que encontrarlo sobre el reconocimiento de la libertad y la dignidad humana como razón última del propio sistema político. Puede afirmarse que toda Constitución que tiene como premisa básica la dignidad humana y los derechos fundamentales, que incluye implícitamente este principio como resguardo

Los alegatos iniciales o también denominados alegatos de apertura constituyen la narración que las partes hacen al juez o colegiado de enjuiciamiento para manifestar, desde sus respectivos puntos de vista, cómo ocurrieron los hechos, cómo se probará lo ocurrido y cuál es la calificación jurídica que les corresponde; es decir,

El peligro procesal constituye, en la práctica, el presupuesto de carácter procesal de mayor relevancia en los pedidos de prisión preventiva, pues, a través de éste se evalúa la validez de una medida de coerción.

Mediante la identificación y neutralización del denominado peligro de fuga y peligro de entorpecimiento se evalúa el aseguramiento del correcto desarrollo del proceso penal y/o la aplicación de la ley penal y con ello el nivel de necesidad de una prisión preventiva como manifiesta Oré Guardia1. Los presupuestos materiales están establecidos

En nuestro modelo procesal penal acusatorio-garantista predomina, claramente, el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, se procura cumplir con los fines constitutivos del procedimiento, por lo cual asumen un papel protagónico las medidas cautelares, como la prisión preventiva regulada en nuestro CPP. Tal protagonismo se guía por principios, denominados

El proceso por violación sexual y actos en contra del pudor en agravio de menores aterriza en las mismas fases del proceso penal. En la investigación preliminar participan tres actores fundamentales: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y, en caso de delitos sexuales, el Instituto de Medicina Legal.

Uno de los delitos que importan actos de fraude es el delito de estafa establecido en el artículo 196 del Código Penal. Se asemeja a los delitos de robo y hurto puesto que tiene una finalidad lucrativa, no obstante, se diferencia precisamente porque la estafa posee el elemento típico del

El legislador del Código Penal vigente ha consagrado a la libertad sexual como el bien jurídico protegido en los delitos sexuales, reconociendo que esta libertad es una de las manifestaciones más esenciales del derecho fundamental a la autodeterminación. La libertad sexual, al ser vulnerada, no solo afecta el ámbito físico