Clases

Las diligencias preliminares es una fase por la cual se busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito reviste un contenido de verosimilitud que justifique iniciar válidamente la investigación y por ende el proceso penal.

En la realidad es común observar que dentro del ámbito de las contrataciones públicas se den actos de corrupción, ya que es el escenario más propicio para que los funcionarios públicos puedan satisfacer sus necesidades económicas mediante la realización de fraudes al estado. Entre los delitos que sancionan la corrupción en la contratación estatal, encontramos el delito de colusión, el cual se encuentra tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano.

Esta etapa procesal se encuentra dirigida por el órgano jurisdiccional juzgador de naturaleza dinámica, preordenada por la ley, con intervención de todos los sujetos procesales y que tiene por objetivo específico el análisis de la prueba actuada y debatida en la audiencia bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción principalmente, y que culmina con la expedición de la sentencia o resolución definitiva correspondiente.

La violencia contra la mujer constituye una grave afectación a los derechos fundamentales y expresa una actitud de desprecio discriminatorio de parte del agresor. Ante el carácter masivo de las agresiones, el Estado dictó e implementó una serie de medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, una de las más relevantes es la Ley número 30364.

El término criminalidad organizada comenzó a emplearse sólo con carácter oficial, por las agencias especializadas en la prevención y control del delito, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, con posterioridad a este periodo el uso de esta expresión o sus equivalentes (crimen organizado, mafias, delincuencia grupal, etc.) se han socializado tanto que han ido perdiendo o distorsionado su significado inicial. En la actualidad, a la expresión criminalidad organizada se le ha convertido en un vocablo polisémico que no siempre representa la magnitud y características del fenómeno delictivo que pretende describir.

La contratación pública puede definirse como la herramienta jurídica que emplean las entidades públicas para adquirir bienes y servicios que requieran, de conformidad con un procedimiento regulado por disposiciones legales, en procura de los fines del Estado. La búsqueda de métodos eficaces para combatir la corrupción, es esencial para la promoción del desarrollo económico, la calidad de la democracia y la justicia social. Sin embargo, cabe acotar que estas medidas no constituyen una solución para la corrupción dentro de las contrataciones públicas Para combatir dicho problema, es importante que el Estado diseñe una política integral de lucha contra la corrupción.

El actor civil es el órgano o la persona que deduce en un proceso penal una pretensión patrimonial por la comisión de hechos delictivos imputados al autor. Su naturaleza jurídica es de índole civil, el interés que persigue es económico y se requiere de toda una formalidad para su intervención en el proceso penal.

La actividad probatoria nace desde el momento en que se toma conocimiento del hecho criminal es decir, desde que se realizan las diligencias que tienen como fin recabar aquellos indicios o materiales que sirvan a esclarecer los hechos de la investigación. Con ello, si bien la prueba realiza un largo recorrido dentro de las etapas del proceso (investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral), ello no quita que se prescinda de ella dentro los recursos impugnatorios esto es en las apelaciones de autos y sentencias.

El peligro procesal o periculum libertatis constituye uno de los presupuestos materiales esenciales para imponer la prisión preventiva. Nuestro modelo procesal ha adoptado la teoría de los dos riesgos (artículo 268 inciso c) del CPP), que hace alusión a la concurrencia de los riesgos procesales, definidos como “riesgos relevantes”  que se concreta con la concurrencia (no necesariamente simultánea) del peligro de fuga  y del peligro de obstaculización.

El delito de colusión sanciona al funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta con uno o varios interesados para defraudar al Estado (colusión simple). Así también se sanciona si, como producto de tal concertación, se llega a defraudar patrimonialmente al Estado (colusión agravada).