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La imputación necesaria es un principio fundamental en el derecho penal peruano que exige que toda persona acusada de un delito sea informada detalladamente de la naturaleza y causas de la acusación en su contra, garantizando así su derecho de defensa en todo momento del proceso.

La prisión preventiva es una institución procesal, de relevancia constitucional, que, como medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido. Para que sea aplicada esta medida deben cumplirse ciertos presupuestos como que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar la comisión del delito, que la sanción a imponer sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y que se permita colegir razonablemente que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia.

La Organización Criminal es la agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada. Se caracteriza por usar la violencia (directa e indirecta) y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación.

La litigación oral es una actividad del litigante y el primer acto de comunicación del juicio oral persuasivo en el que las partes fundamentales postulan pretensiones de verdad, dirigidas al juez, y que posteriormente serán verificadas desde la actuación probatoria.

La prisión preventiva es una medida que debe ser entendida como una alternativa a la que se recurre sólo como excepción cuando las otras medidas no garanticen su finalidad, esto es, asegurar la realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva, y, en tanto sea estrictamente necesaria.

La prueba es una categoría imprescindible para la consecución de los fines del proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de contar con ella no solo durante toda su sustanciación, sino también al momento de promover la acción de revisión.

En nuestro país, los delitos tributarios están contenidos en una ley especial, el D. Leg. 813. Aunque el legislador peruano ha considerado estos delitos como un grupo independiente, dentro de una ley especial, su naturaleza es la de constituir «delitos económicos», si se entiende por tales a aquellos atentados contra bienes jurídicos que implican intervención del Estado en la economía y el funcionamiento de instituciones económicas básicas.

El delito de lavado de activos es de reciente data no solo en el Perú, sino también en el concierto internacional. Básicamente, su corta historia legislativa se remonta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o Convención de Viena de 1988. […]

Dentro de la política de lucha contra la corrupción, la utilización del procedimiento de colaboración eficaz resulta una vía idónea no solo para coadyuvar a la investigación fiscal de unos delitos que se ejecutan con total clandestinidad como el cohecho, colusión, negociación incompatible o el enriquecimiento ilícito, sino también para vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.