El delito de lavado de activos es de reciente data no solo en el Perú, sino también en el concierto internacional. Básicamente, su corta historia legislativa se remonta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o Convención de Viena de 1988.

Dentro de la política de lucha contra la corrupción, la utilización del procedimiento de colaboración eficaz resulta una vía idónea no solo para coadyuvar a la investigación fiscal de unos delitos que se ejecutan con total clandestinidad como el cohecho, colusión, negociación incompatible o el enriquecimiento ilícito, sino también para

La excepción de improcedencia de acción constituye una oposición al ejercicio de la acción penal que expresa el Ministerio Público con la formalización de la investigación preparatoria, debido al incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales para la legítima prosecución del proceso referida a la relevancia penal del hecho imputado.

Discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria. Es decir, no solo se basa en cuestionar, sino también en ejecutar una evaluación que tenga como desenlace la conclusión de la investigación por el Ministerio Público al no haber subsistido los elementos constitutivos

La colaboración eficaz es el procedimiento penal especial mediante el cual una persona -natural o jurídica- que deciden acogerse a los beneficios por delación a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público.

El delito de colusión se trata de un delito de peligro concreto y, como no es un delito de carácter resultativo, no es relevante el efectivo perjuicio para el patrimonio estatal, sino que se genere un peligro concreto de perjuicio, es decir, que, en el caso concreto, se han presentado

Para el dictado de la prisión preventiva, al ser esta la medida de coerción procesal más gravosa para el derecho a la libertad personal de todo imputado, el juzgador debe de seguir un criterio de razonabilidad y proporcionalidad para que su decisión goce de legitimidad constitucional dentro de un Estado

El peligro procesal o periculum libertatis constituye uno de los presupuestos materiales esenciales para imponer la prisión preventiva. Nuestro modelo procesal ha adoptado la teoría de los dos riesgos (artículo 268 inciso c) del CPP), que hace alusión a la concurrencia de los riesgos procesales, definidos como “riesgos relevantes” que

Las diligencias preliminares es una fase por la cual se busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito reviste un contenido de verosimilitud que justifique iniciar válidamente la investigación y por ende el proceso penal.

En la realidad es común observar que dentro del ámbito de las contrataciones públicas se den actos de corrupción, ya que es el escenario más propicio para que los funcionarios públicos puedan satisfacer sus necesidades económicas mediante la realización de fraudes al estado. Entre los delitos que sancionan la corrupción

Esta etapa procesal se encuentra dirigida por el órgano jurisdiccional juzgador de naturaleza dinámica, preordenada por la ley, con intervención de todos los sujetos procesales y que tiene por objetivo específico el análisis de la prueba actuada y debatida en la audiencia bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación, concentración

La violencia contra la mujer constituye una grave afectación a los derechos fundamentales y expresa una actitud de desprecio discriminatorio de parte del agresor. Ante el carácter masivo de las agresiones, el Estado dictó e implementó una serie de medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

El término criminalidad organizada comenzó a emplearse sólo con carácter oficial, por las agencias especializadas en la prevención y control del delito, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, con posterioridad a este periodo el uso de esta expresión o sus equivalentes (crimen organizado, mafias, delincuencia

La contratación pública puede definirse como la herramienta jurídica que emplean las entidades públicas para adquirir bienes y servicios que requieran, de conformidad con un procedimiento regulado por disposiciones legales, en procura de los fines del Estado. La búsqueda de métodos eficaces para combatir la corrupción, es esencial para la

El actor civil es el órgano o la persona que deduce en un proceso penal una pretensión patrimonial por la comisión de hechos delictivos imputados al autor. Su naturaleza jurídica es de índole civil, el interés que persigue es económico y se requiere de toda una formalidad para su intervención