La reciente aprobación por insistencia de la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia ha generado un intenso debate jurídico. Esta decisión, que desestimó las observaciones del Ejecutivo y propuestas de la mesa de trabajo de la Comisión de Justicia, plantea la necesidad de regular esta medida con rigor para evitar su uso arbitrario.