Mediante la identificación y neutralización del denominado peligro de fuga y peligro de entorpecimiento se evalúa el aseguramiento del correcto desarrollo del proceso penal y/o la aplicación de la ley penal y con ello el nivel de necesidad de una prisión preventiva como manifiesta Oré Guardia1. Los presupuestos materiales están establecidos en el artículo 268 del CPP, donde se establecen los lineamientos que deben concurrir para la imposición judicial de la prisión preventiva.