La prisión preventiva, como toda medida que limita derechos fundamentales, debe ser entendida como última ratio y no la regla, puesto que se debe dar prioridad al derecho de libertad ambulatoria del investigado. Para que se cumpla, es de vital importancia que se realice un test de proporcionalidad para así verificar que la prisión preventiva, efectivamente, es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.