La regulación de las medidas coercitivas que establece el ordenamiento jurídico peruana se ha destacado por darle un especial énfasis a la detención siempre en defensa de los derechos del imputado. La finalidad de la detención se halla en la seguridad y la protección del resto de ciudadanas, pero, aunque la legislación ha evolucionado en el tiempo garantía a los derechos fundamentales, se rescata también que su aplicación responde a un juicio de racionalidad y proporcionalidad en una etapa del proceso penal en donde aún no se tiene certeza de la culpabilidad del procesado.