El legislador del Código Penal vigente ha consagrado a la libertad sexual como el bien jurídico protegido en los delitos sexuales, reconociendo que esta libertad es una de las manifestaciones más esenciales del derecho fundamental a la autodeterminación. La libertad sexual, al ser vulnerada, no solo afecta el ámbito físico de la persona, sino que genera profundas repercusiones en su esfera psicológica, atacando el núcleo más íntimo de su personalidad. Este reconocimiento responde a la necesidad de proteger a los individuos en su integridad como seres libres para decidir sobre su propio cuerpo y relaciones interpersonales.