Mantener a una persona detenida implica una carga financiera significativa para el estado. La sociedad paga por la prisión preventiva, tanto por tener que prescindir de las aportaciones sociales y económicas de miles de personas encarceladas, como por mantener con sus impuestos la infraestructura y la demanda de sustento de miles de personas recluidas.
Fecha: 05 de agosto de 2024