La presunción de inocencia constituye una garantía fundamental del proceso penal, cuya vigencia puede verse afectada por prácticas que anticipan la culpabilidad de quien aún no ha sido condenado. En el presente trabajo se examina cómo la presión social, política y mediática, así como determinadas actuaciones e instituciones procesales, pueden propiciar la estigmatización del imputado y la privación preventiva de su libertad, generando una inversión de la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad. Para ello, se aborda esta problemática desde su evolución histórica, su tratamiento normativo y su compatibilidad con las garantías constitucionales.